Publicado en La Voz de Galicia el 26/7/01

Mejores infraestructuras y un justo reparto de las ayudas que permitan fijar población son algunas de las propuestas para impulsar el sector

Despoblación del campo, depreciación del patrimonio rural, deterioro del medio ambiente al quedar la tierras a monte, pérdida de poder adquisitivo, desarraigo y huida de los jóvenes hacia los núcleos urbanos. Este es el negro panorama que dibujan las organizaciones agrarias debido al paulatino cese de la actividad en el campo ourensano, un acusado descenso de la capacidad productiva que no dudan en calificar de «estrepitoso». El sector agrícola de la provincia se sostiene sobre pequeñas explotaciones que se ven abocadas al cierre, denuncian los sindicatos, por una injusta política de distribución de ayudas, precios fijados y cuotas de producción que sólo consiguen poner en fuga a los jóvenes hacia sectores más atractivos como los servicios.

La agricultura y la ganadería deberían mantener al 18% de la población activa de Ourense si se quiere conservar tanto al sector primario como a la industria agroalimentaria, sostiene Xosé Manuel Puga, representante del Sindicato Labrego Galego, para quien esta actividad es el mejor futuro que tiene la provincia.

No en vano, recuerda, aquí se encuentran las mejores razas autóctonas de ganado bovino y una importante cabaña de ovino y caprino. Pero, además, en A Limia se cultiva el 30% de toda la producción de patata del Estado -porcentaje que tiende a descender- y la provincia es la única de toda Europa que posee cuatro denominaciones de origen para vinos.

Sin embargo, el envejecimiento de los agricultores y la escasa rentabilidad de los viñedos, por ejemplo, afecta de un modo notable a comarcas como O Ribeiro y Monterrei.

El constante descenso de población en el medio rural es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos, que una y otra vez reclaman políticas que ayuden a fijar habitantes en el campo, subraya José Luis Fernández Celis desde Unións Agrarias.

«Esa es la filosofía de las ayudas europeas, que alcanzan el billón de pesetas anuales, aunque después el 20% de las explotaciones reciben el 80% de las subvenciones». ¿Para qué cobrar ayudas cuando hay rentabilidad?, se pregunta Celis, quien cita como ejemplos a Francia y Portugal, donde se trazan líneas máximas de subvención para cada explotación. Pese a loables iniciativas empresariales en el sector agrícola, esta situación no es la más favorable para convencer a los jóvenes sobre las oportunidades que pueden encontrar en el campo. Así, advierte Celis, no resulta extraño observar como en Celanova, Maceda o Viana do Bolo son los propios comerciantes quienes comienzan a sufrir las consecuencias de la crisis agrícola.

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